Si ha recibido una decisión de una institución europea que le perjudica, es importante reaccionar a tiempo. La reclamación previa del artículo 90.2 del Estatuto de los Funcionarios de la UE es el primer paso, y un buen planteamiento desde el inicio marca la diferencia. A continuación, explicamos qué es la reclamación previa del artículo 90.2, cuándo debe presentarse y cómo puede utilizarse para defender sus derechos como funcionario o agente de la Unión Europea.
¿Qué es la reclamación previa del artículo 90.2 del Estatuto de los Funcionarios de la UE?
La reclamación previa del artículo 90.2 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea es la vía administrativa que permite impugnar decisiones adoptadas por su institución antes de acudir al Tribunal General de la Unión Europea. Se trata de la primera etapa en la defensa de los derechos estatutarios, pues si no se presenta correctamente, el recurso judicial posterior puede ser declarado inadmisible.
Naturaleza jurídica del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea
La reclamación previa tiene la naturaleza de un recurso administrativo dirigido contra un acto de la institución que afecta negativamente al funcionario o agente. Su función es permitir a la institución revisar su propia decisión. Desde el punto de vista procesal, constituye un acto obligatorio previo antes de acudir al Tribunal General. La base legal se encuentra en el artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de la Unión Europea, que regula tanto las solicitudes administrativas como las reclamaciones contra actos lesivos.
Diferencia entre el artículo 90.1 y artículo 90.2 del Estatuto
Elartículo 90 del Estatuto de los Funcionarios Europeos distingue dos mecanismos distintos, con finalidades diferentes.
Artículo 90.1 – Solicitud administrativa
Permite al funcionario o agente solicitar a la administración que adopte una decisión. Se utiliza, por ejemplo, para solicitar el reconocimiento de un derecho, pedir una prestación o beneficio, y obtener una decisión de la institución.
Artículo 90.2 – Reclamación contra acto lesivo
Como comentado, permite impugnar una decisión ya adoptada por la institución que perjudica al interesado. Se aplica en casos como evaluaciones negativas, denegación de promoción, no renovación de contrato, y decisiones sobre pensiones, complementos, ect (materia económica).
¿Cuándo utilizar cada vía?
La elección entre el artículo 90.1 y elartículo 90.2 depende de la existencia o no de una decisión previa por parte de la institución. Cuando ya existe una decisión formal perjudicial, la vía adecuada es la del artículo 90.2, pues permite impugnar directamente dicho acto lesivo (y constituye el supuesto más frecuente).
💡 Elegir correctamente entre ambas vías es un elemento determinante desde el punto de vista procesal, ya que un error en la calificación puede comprometer la admisibilidad de un eventual recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.
¿Quién puede presentar una reclamación artículo 90?
La reclamación previa puede ser presentada por cualquier persona sujeta al Estatuto o al régimen aplicable al personal de la UE, en particular:
- Funcionarios de la Unión Europea
- Agentes temporales
- Agentes contractuales
- Personal de agencias y organismos de la UE
En todos los casos, es necesario que exista una relación con una institución europea y que la decisión impugnada afecte a sus derechos. Conoce más sobre las categorías de personal en la Unión Europea.
¿Cuándo es obligatorio presentar una reclamación previa?
La reclamación previa del artículo 90.2 del Estatuto de los Funcionarios de la UE es obligatoria siempre que el funcionario desee impugnar una decisión adoptada por su institución. Cualquier actuación dirigida a anular una decisión administrativa de la UE o a obtener una indemnización exige, como primer paso, la interposición de esta reclamación previa.
Condición previa antes de recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea
La presentación de la reclamación previa constituye una condición de admisibilidad del recurso judicial. Esto significa que, si el funcionario o agente acude directamente al Tribunal General sin haber interpuesto previamente una reclamación conforme al artículo 90.2, su recurso será declarado inadmisible sin entrar en el fondo del asunto. Este requisito se encuentra directamente vinculado al artículo 91 del Estatuto de los Funcionarios de la UE, que regula el acceso a la vía judicial. Además, establece que solo pueden ser recurridas ante el TJUE aquellas decisiones que hayan sido previamente objeto de una reclamación en base al articulo 90.
Tipos de decisiones impugnables
La reclamación previa puede dirigirse contra cualquier acto lesivo que afecte a los derechos estatutarios del funcionario o agente. Los supuestos más habituales incluyen las evaluaciones negativas de rendimiento, que pueden impactar en la carrera profesional; la no renovación de contratos de agentes temporales o contractuales; la denegación de promoción o reclasificación, en procedimientos internos de carrera, entre otros.
Asimismo, es frecuente recurrir decisiones disciplinarias, como sanciones o medidas derivadas de investigaciones internas, así como resoluciones relativas a prestaciones económicas, entre ellas la denegación de determinados complementos, como la expatriation allowance, las family allowances o beneficios vinculados a la situación personal y profesional del agente. En todos estos casos, la reclamación del artículo 90 permite impugnar la decisión, que vuelva a ser analizada y verificada, y comenzar a preparar el recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Plazos en el marco del artículo 90 del Estatuto UE
El respeto de los plazos en el marco del artículo 90 del Estatuto de los Funcionarios de la UE es muy estricto. Se trata de plazos marcados, cuya inobservancia implica la pérdida definitiva del derecho a recurrir, tanto en vía administrativa como judicial.
Plazos generales del artículo 90.1 y 90.2
El Estatuto establece un plazo delimitado, que varía según se trate de una solicitud (artículo 90.1) o de una reclamación contra un acto lesivo (artículo 90.2). En el caso del artículo 90.2, el plazo es de tres meses, el cual comienza a contar a partir del día de la publicación del acto si se tratase de una medida de carácter general, a partir del día de la notificación de la decisión al destinatario (a más tardar el día en que el interesado tuviera conocimiento de la misma si se tratara de una medida de carácter individual), o a partir de la fecha de expiración del plazo de contestación cuando la reclamación se dirija contra una decisión denegatoria implícita.
Por su parte, en el marco del artículo 90.1, cuando se presenta una solicitud a la administración, esta dispone de un plazo de cuatro meses para responder. Si no lo hace, se entiende que existe una decisión implícita de rechazo, a partir de la cual comienza un nuevo plazo de tres meses para interponer una reclamación conforme al artículo 90.2.
💡 En resumen, si es una solicitud el plazo es de cuatro (4) meses, y si es una reclamación el plazo es de tres (3) meses. Si la solicitud es denegatoria o existe silencio, se abre una nueva ventana de tres (3) meses para impugnar.
Consecuencias de presentar fuera de plazo
La presentación de una reclamación previa (art.90.2) fuera del plazo de tres meses conlleva la inadmisión de la reclamación sin examen del fondo del asunto. Además, si la reclamación previa ha sido presentada extemporáneamente, cualquier recurso posterior ante el Tribunal General de la Unión Europea será igualmente declarado inadmisible. Ello supone la pérdida definitiva del derecho a impugnar la decisión. Por este motivo, el control preciso del dies a quo y del cómputo de los plazos es necesario e imprescindible.
Qué ocurre después de presentar la reclamación artículo 90.2
Una vez presentada la reclamación previa artículo 90.2 del Estatuto de los Funcionarios de la UE, la institución europea dispone de un plazo de tres meses para resolver. Aquí se explican las diferentes posibilidades.
Rechazo expreso o implícito de la decisión
Si la institución responde dentro del plazo de tres meses, puede adoptar una decisión expresa, estimando o desestimando la reclamación. En caso de desestimación, se abre la vía para interponer un recurso judicial. Sin embargo, es frecuente que la administración no responda dentro del plazo. En ese caso, se produce un rechazo por silencio administrativo, que tiene los mismos efectos que una decisión negativa.
Recurso ante el Tribunal General de la UE
Una vez producida la desestimación —expresa o implícita— el funcionario o agente dispone de un plazo de tres meses para interponer un recurso ante el TGUE, conforme al artículo 91 del Estatuto. Es importante destacar que, en esta fase, la intervención de un abogado es obligatoria, ya que es necesario que un profesional habilitado lleve la representación ante el Tribunal General, como los abogados especialistas de Arthur & Marin.
Relación entre la reclamación artículo 90 y el recurso ante el Tribunal General
La reclamación previa del artículo 90.2 del Estatuto de Funcionarios UE y el posterior recurso ante el TGUE son una única via procesal. No son fases independientes, sino etapas sucesivas. En la práctica, la calidad de la reclamación condiciona el alcance, la admisibilidad y las probabilidades de éxito del recurso judicial.
Continuidad entre fase administrativa y judicial (art. 90 y 91)
Existe una continuidad entre la fase administrativa (artículo 90.2) y la fase judicial (artículo 91 del Estatuto). Esta continuidad se traduce en el llamado principio de coherencia, conforme al cual el recurso ante el Tribunal General debe basarse en los mismos hechos, argumentos y pretensiones que fueron previamente planteados en la reclamación administrativa. Es en la reclamación previa del articulo 90.2 del estatuto de los Funcionarios UE que se fija el conflicto y se identifican las ilegalidades, que será posteriormente impugnadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
💡 Por ello, una reclamación insuficiente o mal estructurada limita considerablemente las probabilidades de éxito en la fase judicial.
Límites del recurso judicial
Este límite deriva del principio de coherencia y tiene consecuencias prácticas importantes, pues el TGUE podría únicamente examinar aquellos motivos que hayan sido planteados en la fase administrativa del procedimiento. Cualquier argumento nuevo podría ser declarado inadmisible.
💡 En consecuencia, errores como omitir una ilegalidad relevante, no invocar una norma aplicable o no desarrollar suficientemente un motivo pueden resultar irreversibles en la fase judicial.
Objetivos del recurso ante el TGUE
El recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea, puede perseguir varios objetivos. Uno de ellos es la anulación de una decisión, cuando se demuestra que la institución ha emitido una decisión que afecta al interesado, vulnerando el Estatuto o principios generales del Derecho de la Unión. También, el recurso puede incluir una reclamación de indemnización por los daños sufridos, tanto materiales como morales, siempre que exista un nexo entre la actuación de la administración y el perjuicio alegado, o volver a una situación anterior declarando ilegal la decisión de la institución europea.
💡 En general, el procedimiento tiene como finalidad la protección de los derechos del funcionario o agente, incluyendo su carrera profesional, sus condiciones de trabajo y sus derechos.
Importancia de contar con un abogado especializado en derecho de la UE
Contar con un abogado especializado en Derecho de la Unión Europea permite analizar el caso desde el inicio de forma técnica. Esto aumenta las posibilidades de éxito tanto de la reclamación previa como del posterior recurso al TGUE.
Estrategia desde la fase administrativa
En la fase administrativa se fijan los hechos, los motivos jurídicos y las pretensiones que podrán ser defendidos posteriormente. Una correcta estrategia implica identificar el acto impugnado, seleccionar los fundamentos jurídicos pertinentes —incluyendo normas del Estatuto, principios generales del Derecho de la UE y jurisprudencia— y formular un buen petitum. Cualquier omisión o error puede limitar o incluso impedir la defensa en sede judicial.
Errores frecuentes sin asesoramiento legal
Uno de los errores más frecuentes es la argumentación insuficiente, en la que se exponen los hechos pero no se desarrollan adecuadamente los fundamentos jurídicos. Esto debilita la posición desde el inicio. También es habitual no invocar determinadas ilegalidades—como vulneraciones del principio de igualdad, errores manifiestos de apreciación o incumplimiento de normas estatutarias— que posteriormente ya no podrán ser introducidas ante el Tribunal General. Otro error es la mala identificación del acto impugnado, cuando existen múltiples decisiones diferentes. Estos errores, suelen llevar a la inadmisión de la reclamación.
Valor añadido de nuestro despacho
Nuestra intervención se basa en un conocimiento profundo del Estatuto de los Funcionarios de la UE y de la jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia. Además, la experiencia en litigios ante el Tribunal General nos permite anticipar los posibles escenarios, identificar los puntos débiles y reforzar los elementos desde la fase administrativa. Finalmente, nuestro enfoque profesional se basa siempre en una asistencia conjunta, que integra la reclamación previa, el posterior recurso judicial y, en su caso, la reclamación de indemnización, asegurando la maximización las probabilidades de éxito.
Casos de éxito en reclamaciones en base al Estatuto de los Funcionarios de la UE
La experiencia en reclamaciones administrativas de funcionarios europeos (artículo 90) y en recursos ante el Tribunal General de la Unión Europea marca la diferencia. A continuación, se exponen algunos ejemplos reales del propio despacho, ilustrando cómo una correcta preparación jurídica puede marcar la diferencia.
Recuperación de la expatriation allowance tras denegación inicial
Un agente contractual de una agencia de la UE vio denegada su expatriation allowance al considerar la institución que existía un vínculo suficiente con el Estado de destino. Desde el despacho, se analizó en profundidad la noción de residencia habitual y centro de intereses, apoyándonos en jurisprudencia del Tribunal General. Formulamos una reclamación previa en base al artículo 90.2, aportando pruebas sobre la naturaleza de su estancia temporal y la falta de integración efectiva.
Anulación de evaluación negativa y carrera profesional
Un funcionario europeo recibió una evaluación de rendimiento negativa, que provocó que no pudiera promocionar internamente. Se identificaron vicios como falta de motivación y error de apreciación en la evaluación anual. Como resultado se consiguió la anulación de tal evaluación negativa, y se reabrieron las oportunidades de promoción, teniendo en cuenta su curriculum.
Defensa frente a sanción disciplinaria en institución europea
Un funcionario fue sancionado tras una investigación interna de la institución donde trabajaba. Detectamos irregularidades en el procedimiento y vulneraciones del derecho de defensa. La reclamación se fundamentó en estos aspectos con apoyo jurisprudencial europeo, de casos similares. Como resultado, se consiguió una reducción significativa de la sanción.
Regularización de derechos económicos y atrasos salariales
A un funcionario europeo ya retirado, una institución europea no le concedió la pensión que le correspondía. En base a ello, se presentó una reclamación previa en base al art. 90.2, con el cálculo detallado de las cantidades que debía percibir y la jurisprudencia a nuestro favor. Finalmente la institución cambió de postura y el funcionario obtuvo un recálculo favorable de su pensión.
Recurso de anulación de una decisión ante el Tribunal General de la UE
A un funcionario europeo, con más de diez años de servicio en una institución de la Unión, le bloquearon su progresión profesional tras una decisión desfavorable que afectaba directamente a su promoción. A pesar de haber presentado una reclamación previa conforme al artículo 90 del Estatuto, se rechazó sin una motivación suficiente.
El despacho intervino en la fase judicial mediante la interposición de un recurso de anulación ante el Tribunal General de la Unión Europea. Motivamos la demanda en torno a varios alegatos. A saber, la falta de motivación de la decisión y vulneración del principio de igualdad de trato respecto a otros candidatos en situación comparable. Además, se reforzó el recurso con un análisis del expediente administrativo y de los criterios aplicados por la institución, evidenciando incoherencias internas e ilegalidades.
¿Necesita ayuda para presentar una reclamación previa del artículo 90.2?
En Arthur & Marin, asesoramos a funcionarios y agentes de instituciones europeas en procedimientos administrativos y litigios ante la jurisdicción de la UE. Si ha recibido una decisión de una institución, ofrecemos un acompañamiento desde el primer momento. Le asistimos en análisis de su caso, la identificación del acto y la evaluación de probabilidades.
Nuestra intervención no se limita a la fase administrativa, sino que alineamos la reclamación previa con el posible recurso judicial posterior, y asumimos la representación ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Contáctenos a info@arthurmarin.com o al teléfono +32 465 345 345 para actuar a tiempo.
💡 Ofrecemos una evaluación de su caso, con atención en francés e inglés y español, con un enfoque altamente especializado en derecho de la función pública europea.
